Conversatorio en el Congreso de la República de Colombia.
El evento realizado el 12 de septiembre en el Salón Amarillo del Congreso de la República de 8:00 a 10:00 am, fue convocado por el Senador Senén Niño, en conjunto con el Frente Amplio por la Educación, y las organizaciones que lo conforman.
Al evento fueron invitados Senadores y Representantes, y organizaciones sociales que trabajan por el Derecho a la Educación.
El evento contó con la presencia del Senador Senén Niño, la Senadora Angela María Robledo, el Representante Víctor Correa, el Representante Carlos Guevara, el Concejal Celio Nieves y la asistencia de las UTL´s de Alberto Castilla, Susana Correa, Alvaro Asthon, Andres García y Rosmery Martínez. Representantes de la UPN, de la UN, de ASPU, de FECODE, de ADE – EDUCACION ESTATAL FORMAL PRESENCIAL DE JOVENES Y ADULTOS, de FUNAMA, de la CCDE, de la CLADE y de ANDES; de otras organizaciones sociales, estudiantiles y de docentes.
Se abrió con las palabras de Senador Senén Niño, acerca de los propósitos de la convocatoria y de la amplia invitación a miembros del Congreso de la República; luego intervino Cecilia Gómez, en nombre del Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz – FAXE, resaltando que a las Entidades Territoriales se les exige más eficiencia y calidad en el cubrimiento de la salud, educación, agua potable y saneamiento básico; pero en los últimos 15 años, se les han retirado los principales instrumentos fiscales, con una disminución ostensible del presupuesto que se envía desde el nivel central a las regiones para el cubrimiento de estas obligaciones. Ante este panorama, ¿Qué opciones se pueden plantear desde el Congreso de la República, y las Organizaciones Sociales, frente a las formulas planteadas que recortan año a año los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a salud, educación, agua potable y saneamiento básico?
Luego intervino Ilich León Ortiz con la presentación central del evento: “Sistema General de Participaciones y la Desfinanciación de la Educación Pública”; seguido de la construcción de una agenda común entre los participantes del Congreso de la República y Organizaciones Sociales, con el objetivo de encontrar una salida inmediata a esta problemática.
Partiendo de la educación es un bien público, del cual el Estado es el responsable y el garante. El Derecho Humano a la Educación se inscribe en una serie de acuerdos internacionales, subscritos por el Estado colombiano, este Marco de Acuerdos plantea que la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. La educación es un poderoso instrumento para erradicar la pobreza, pero para materializar su potencial es necesario destinar los recursos económicos que se requieren para ello.
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para 2018 presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deja ver que los recursos para el SGP decrecen en términos reales un 2,4% frente a los destinados en 2017; según el Ministerio de Hacienda, el “presupuesto para 2018 presenta una disminución en términos reales, teniendo en cuenta que, este incremento del 1% respecto al Presupuesto vigente para 2017, es inferior a la inflación esperada para final de dicho año de 3,5 %. Es decir, hay una reducción en términos reales” (MinHacienda, boletín 151, 2017).
Las entidades territoriales reciben menores recursos por cuenta del recorte al Sistema General de participaciones – SGP, los cuales seguirán decreciendo en términos reales año a año. Por otro lado, hacen frente a mayores demandas resultado de déficit históricos acumulados en la prestación de los servicios públicos, del crecimiento de la población, y de la particular coyuntura de desaceleración económica que atraviesa el país.
A las entidades territoriales se les exige, cada vez más eficiencia y calidad en el cubrimiento de salud, educación, agua potable, saneamiento básico; pero en los últimos 15 años, se les han retirado los principales instrumentos fiscales que la Constitución les había otorgado para hacer frente a las mismas.
Se trata, de una verdadera contrarreforma constitucional operada con un criterio fiscalista en contra de los territorios, que ha recentralizado los ingresos y el gasto público, y ha fragilizado aún más, la capacidad de las entidades territoriales para impulsar el desarrollo en sus comunidades.
Por ello, después de la presentación de Ilich Ortiz, se definieron las siguientes tareas:
1. Conformar Un Frente Mixto Parlamentario y de Organizaciones Sociales hacia la Reforma Constitucional para cambiar las reglas del juego del Sistema General de Participaciones – SGP.
2. Elaborar un texto escrito, hacia la Reforma Constitucional, con la fórmula más adecuada del Sistema General de Participaciones – SGP, regresando a lo que originalmente se pensó, recuperando los textos de la Constitución Nacional. Realizar una agenda hacia la Reforma constitucional en relación con el SGP.
3. Convocar a una AUDIENCIA PUBLICA, el jueves 2 de noviembre, con una amplia convocatoria con participación de Senadores, Representantes, Gobernadores, Alcaldes, Organizaciones de la Sociedad Civil.
Ponencia en el Congreso de la República sobre la desfinanciación de la Educación en Colombia.
Ilich León Ortíz, es un investigador en socioeconomía, dedicado en la actualidad a investigar sobre el futuro cercano económico de la Educación en Colombia.
El pasado 12 de septiembre, presentó ante el Congreso de la República, su ponencia “Transferencias Territoriales y Desfinanciación de la Educación en Colombia”.
Según FECODE, el desfinaciamiento del Sistema General de Participaciones violenta los Derechos Humanos Fundamentales, dentro de ellos, el de la Educación.
Esta federación propuso y sigue proponiendo al gobierno nacional en el proceso de negociación y ahora en medio del conflicto, una fórmula transferencias para educación, en donde pretende fundamentalmente de cerrar 4 Brechas, procurando con ello que sea parte del acuerdo final en el año 2017. Es claro para FECODE que se necesita cubrir el déficit de corto plazo para sustituir el 1,8% que desapareció con el periodo de transición, y otros temas urgentes, como el de Alimentación Escolar, Transporte escolar, la formación y profesionalización del magisterios, equipamiento y dotación, infraestructura -de acuerdo a la norma técnica NTC colombiana 4595 del 24 de noviembre de 1999 -, pago de servicios públicos… De acuerdo a las informaciones del gobierno hay un déficit para el sector educativo de cerca de 600 mil millones de pesos año 2017 y para el año 2018, este se profundizará en 1.1 billones de pesos.
La Federación, plantea que es pertinente recuperar el acuerdo constitucional: transferencias territoriales deben representar un piso mínimo de los ICN. Actualmente SGP es cerca del 26,7% de los ICN. Se debe plantear una transición al alza, hasta mínimo 46,5%, como lo señalaba el Acto Legislativo 01/2001, Parágrafo Transitorio 3. Ya había un déficit histórico en 1991. A partir de 2001 ese déficit histórico se profundizó en cerca de 138 billones de pesos. La fórmula debería plantear un mecanismo de recuperación de ese déficit histórico a futuro, en un periodo razonable: si realmente se quiere que “Colombia sea lamás Educada”.
Frente a la reforma a largo plazo, se requiere una fórmula estructural de financiamiento de la educación, se necesita pasar, como mínimo, de 2,17 a 4,2 % del PIB del SGP en Educación,
durante los próximos 10 años, para cubrir las primeras 2 brechas, y atacar de manera sustancial, las otras dos. FECODE, exige que los recursos de Educación deberían representar, como mínimo, el 58,5% de la totalidad del SGP (Actualmente 53% realmente asignado, y 55,65% nominalmente) de los recursos de Transferencias. La fórmula debería contemplar que los recursos de educación deben estar protegidos, y no deberían disminuir con relación al año anterior en términos reales, independientemente del comportamiento de la Economía y de los ICN. El gobierno nacional quiere seguirse sometiendo a los mandatos de la banca internacional y a la OCDE, sujetándose a cumplir con la regla fiscal, que la crisis la siga pagando la sociedad y en particular los trabajadores, con este comportamiento se violenta del derecho humano a la educación y en el caso del magisterio la dignificación de la profesión y labor docente, no podrá llevarse a cabo.
Los Profes, como equipo sindical invitamos y convocamos al magisterio a una férrea lucha, a fortalecer la organización FECODE y sus sindicatos filiales y en una unidad de acción y trabajo
confrontar resistir la política antipopular del gobierno, la cual atenta y se profundiza contra el bienestar, la democracia y nuestra soberanía que aún le queda a nuestro país.
Tomado de: Sitio web de Over Dorado.